26/04/2019
La niñez y la juventud, los sectores más afectados por las políticas de ajuste del macrismo
Lxs niñxs y jóvenes son históricamente uno de los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad habiendo actualmente un 48% de ellxs que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, siendo ésta una de las principales formas de estigmatización y criminalización.
La situación crítica que atraviesa la niñez y la adolescencia en nuestro país, ya sea por situación de pobreza, exposición a la violencia, o falta de acceso a derechos básicos como la salud, la educación o la vivienda, a su vez, se ve intensificada por la escasez de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Según el último informe del colectivo para este año hay un recorte $932 millones para políticas públicas destinadas a la infancia y a la adolescencia. Esta decisión tomada por el ministro de hacienda Nicolás Dujovne y el jefe de gabinete Marcos Peña el 11 de enero pasado, desconoce el presupuesto ya votado en las sesiones de diciembre, situación que vulnera la constitución nacional y a su vez los derechos humanos de millones de niñxs y jóvenes en Argentina. Cabe destacar que el presupuesto presentado por el gobierno en las sesiones de diciembre ya incluía serios recortes para el sector, por ejemplo en la SENNAF se preveían un 75% menos de recursos en comparación a la partida presupuestaria del año 2018.
De todos modos en dichas sesiones se habían establecido acuerdos para destinar recursos adicionales de aproximadamente $900.000.000 para SENNAF que luego en la distribución de enero no se ve reflejada, siendo está una medida inconstitucional que a su vez vulnera los derechos de niños, niñas y adolescentes garantizados por la ley 26.061.
Las organizaciones sociales y políticas que trabajamos con amplios sectores que se encuentran con sus derechos básicos vulnerados sufrimos cotidianamente la falta de recursos producto del desguace de las políticas públicas que son expresión de medidas económicas orientadas a paliar la crisis del capitalismo y garantizar ganancias a los sectores más ricos. Somos quienes garantizamos todos los días en los distintos barrios donde trabajamos los derechos que el Estado No garantiza. En la actualidad un 33, 7% de niñxs y jóvenes pertenecientes a familias de los sectores populares afectadas por los despidos y la falta de trabajo, solo pueden acceder a un plato de comida en los comedores populares o escolares. Estas cifras demuestran la enorme deuda social con la niñez en nuestro país y la responsabilidad política es del Estado, en tanto debe garantizar los derechos y proveer los medios y recursos necesarios para una vida digna y de calidad.
En la misma línea y ante el continuo avasallamiento del Estado hacia los derechos de lxs niñxs, también denunciamos la no aplicación de la interrupción legal del embarazo (ILE) a niñas víctimas de violaciones. Esto con lleva a que estén obligadas a parir, desoyendo los pedidos de un ab**to seguro y gratuito, y no garantizando un acompañamiento correcto. Además, ignoran completamente la causal por violación que permite la ILE desde 1921. No queremos niñas madres, queremos infancias libres de abusos y violencias. Una niña madre es tortura estatal. Exigimos el correcto cumplimiento de la ILE, y gritamos: ¡Basta de maternidades forzadas!
Lxs niñxs y jóvenes como rehenes del ajuste
Los intentos periódicos de bajar la edad de punibilidad indican la utilización de lxs niñxs y jóvenes como chivos expiatorios de la violencia y la violación de derechos, ocultando la realidad de ser el sector que sufre en forma más feroz la falta de acceso a derechos básicos. A ello nos referimos cuando denunciamos que en Argentina casi el 50% de lxs niñxs se encuentran bajo la línea de pobreza, producto del abandono estatal deliberado con el vaciamiento de las polìticas pùblicas.
Quienes somos trabajadorxs de los mismos programas que procuran atender desde la promoción y protección de derechos y el régimen de responsabilidad penal juvenil, la garantía de acceso a derechos de esta población, somos lxs primerxs en denunciar día a día el desguace que vienen sufriendo estos programas el vaciamiento de las polìticas pùblicas, la falta total de recursos y la precarización laboral de sus operadorxs, además de la imposición de una polìtica criminalizadora y punitivista en cada medida de gobierno. Por ello nos preguntamos ¿a qué “régimen socioeducativo” se refiere la ministra Bullrich si en todos los niveles estatales el gobierno al que pertenece ha desarticulado cuanto programa de inclusión socioeducativa existiera? Por otro lado, dicho régimen de inclusión socioeducativa debiera estar bajo las áreas específicas de promoción y protección de derechos y no dentro de lo penal, ya que desde la modificación de la ley de Patronato y al entrar en vigencia la ley nº 26.061 de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, todo hecho donde estuviere implicada una persona menor a los 16 años de edad debiera ser acompañada por diferentes organismos encargados de la promoción de dicha ley.
Los argumentos que responsabilizan a pibes y pibas como protagonistas de la mayoría de los delitos que se llevan a cabo en nuestro país son falaces, ya que está comprobado que en el 95% de los casos , los robos son cometidos por adultxs y desde el año 2013 se viene registrando una sostenida baja en los homicidios cometidos por jóvenes menores de 18 años de edad.
Bajar la de edad de punibilidad es un retroceso en materia de derechos humanos, ya que implica ir en contra de la condición de progresividad que deberían tener las leyes para ser modificadas.
En un contexto donde las principales políticas públicas vulneran el derecho al trabajo digno, a la educación, a la salud, a la vivienda y a la alimentación adecuada, recayendo especialmente sobre las condiciones de vida de niñxs y adolescentes, la promoción de medidas más punitivistas sobre la niñez no puede entenderse sino como un acto de campaña que procura acercar al gobierno a los sectores más reaccionarios que encuentran en el discurso de la mano dura soluciones simples al complejo problema de la crisis económica y social en curso.
Nada lxs justifica. Tan sólo constatamos el inicio de una campaña electoral que, en línea de continuidad con la legalización de la “doctrina Chocobar” y su consecuente legitimación del gatillo fácil, la compra de pistolas “no letales” como las Taser para ser utilizadas en el transporte público en el que viajamos miles de trabajadorxs que, entre otras medidas de gobierno, apuntan a fortalecer la “bolsonarización” de la política y la avanzada sobre los derechos y garantías constitucionales más elementales .
Ello sin olvidar, claro, la creciente militarización que desde hace tantísimos años venimos sufriendo en las barriadas populares, así como la contemporánea avanzada sobre la población migrante que acompaña este impulso estigmatizador sobre los sectores populares.
Es por todo esto que gritamos NO A LA BAJA y exigimos:
-Que el Estado incremente el presupuesto DE LAS POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ y la juventud, orientadas a los aspectos educativo, cultural, socioeconómico, de salud y de la seguridad social.
-No queremos niñas madres, queremos infancias libres de abusos y violencias. Una niña madre es tortura estatal. Exigimos el correcto cumplimiento de la ILE, y gritamos: ¡Basta de maternidades forzadas!
-ESTABILIDAD LABORAL Y MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES PARA LXS TRABAJADORXS DE NIÑEZ Y JUVENTUD para desarrollar las tareas acordes a las necesidades de niñas, niñxs y adolescentes de los sectores más vulnerados.
- QUE SE PONGA FIN A LAS POLÍTICAS DE AJUSTE QUE DEJAN SIN TRABAJO A LAS FAMILIAS de los sectores populares.
-QUE SE DESBARATEN, INVESTIGUEN Y SANCIONEN A LAS REDES DELICTIVAS QUE SE VALEN DE NIÑXS PARA SUS FINES, PARTICULARMENTE LA RESPONSABILIDAD QUE LES CABE A FUNCIONARIOS ESTATALES Y DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
-Que se graven las superganancias de los sectores más concentrados de la economía y que se destinen esos recursos a la implementación de programas destinados a sacar de la pobreza al casi 50% de chicxs de nuestro país, con políticas que garanticen el derecho a una vida digna y libre de toda violencia.
¡BASTA DE CRIMINALIZAR LA NIÑEZ Y JUVENTUD!
¡PARA TODXS LXS NIÑXS, TODOS LOS DERECHOS!
